El reciente veto total del presidente Javier Milei a la ley que buscaba automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representa un golpe significativo para las finanzas de la provincia de Corrientes, que podría dejar de percibir alrededor de $4.250 millones en lo que resta del año. Esta medida, impulsada por gobernadores como Gustavo Valdés y aprobada por el Congreso en agosto, pretendía eliminar la discrecionalidad en la entrega de estos fondos federales, garantizando un flujo previsible para cubrir emergencias y desequilibrios presupuestarios en provincias como la nuestra.

La ley, registrada bajo el número 27.794, proponía modificar la normativa presupuestaria para incorporar los ATN a la masa coparticipable de impuestos, con una distribución diaria y automática según los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal. Para Corrientes, con un coeficiente del 1,569%, esto habría significado un ingreso estimado de $5.250 millones para todo 2025, basado en un fondo total de $334.563 millones destinados a las provincias. Sin embargo, el veto presidencial, decretado el 12 de septiembre mediante el Decreto 652/2025 y publicado en el Boletín Oficial, mantiene el control discrecional en manos de la Nación, argumentando que la automaticidad desvirtúa el propósito original de los ATN como herramienta para situaciones extraordinarias, no para gastos corrientes.

El impacto directo en Corrientes es alarmante, especialmente en un contexto donde la provincia depende en un 50-60% de transferencias nacionales para equilibrar su presupuesto. En 2024, Corrientes solo recibió $1.000 millones en ATN, una fracción mínima comparada con el potencial automático. Hasta septiembre de 2025, las transferencias nacionales totales a provincias suman $84.000 millones, pero sin desagregados específicos, es probable que la porción para Corrientes siga siendo limitada, perpetuando la incertidumbre. "Esto no es un costo fiscal nuevo; es plata del pueblo de las provincias que se recauda y debe redistribuirse equitativamente", criticó el gobernador Valdés, alineado con otros mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes anunciaron esfuerzos para rechazar el veto en el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos.

Expertos locales advierten que esta pérdida de fondos automáticos podría agravar problemas recurrentes en Corrientes, como las inundaciones estacionales o la necesidad de invertir en salud, educación e infraestructura. "En un año con inflación proyectada en 50-60%, estos $4.250 millones representan recursos vitales para salarios y obras públicas que ahora dependerán de negociaciones ad hoc con la Nación", explicó un analista económico provincial, quien prefirió el anonimato. De mantenerse el veto, la provincia podría recurrir a préstamos o giros especiales, pero esto no resuelve la falta de previsibilidad que la ley buscaba instaurar.

El debate ahora se traslada al Congreso, donde bloques como la UCR y sectores peronistas podrían sumar fuerzas para anular el veto. Si logran el quórum necesario, Corrientes recuperaría su porción fija del fondo, eliminando el "costo" estimado y fortaleciendo su autonomía financiera. Mientras tanto, la provincia se une al reclamo colectivo de gobernadores, destacando que los ATN acumularon $679.898 millones en 2024, pero solo se distribuyeron $49.800 millones, dejando un remanente de $630.098 millones sin asignar – una inequidad que afecta directamente a regiones como el NEA.

Este veto no solo resalta tensiones federales. Fuentes oficiales provinciales indicaron que se monitorea de cerca la sesión senatorial, con la esperanza de revertir una decisión que, por ahora, deja a la provincia con menos herramientas para enfrentar sus desafíos.