Angelina Lesieux fue condenada por asociación ilícita. Se la calificó como organizadora, y autora de peculado y fraude, junto a su marido Jorge Corona (también exIntendente) y otros funcionarios de esa comuna.
Lesieux gozaba desde 2020 de prisión domiciliaria atenuada.
El fallo de la minoría correspondió a los ministros de la Corte provincial Eduardo Panseri y Guillermo Semhan, quienes propusieron confirmar la condena del Tribunal Oral de Mercedes.
El voto de la mayoría, impulsado por Alejandro Chaín, contó con el apoyo de Eduardo Rey Vázquez y Fernando Niz, siendo determinante el dictamen del fiscal general, César Sotelo, quien aconsejó al tribunal la reducción de la condena.
ANTECEDENTES
La Justicia de Corrientes condenó en septiembre del 2020 a dos ex funcionarios kirchneristas por hechos de corrupción. Se trata de Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux, quienes fueron intendentes de la localidad de Perugorría entre 2005 y 2017 y habían sido acusados de quedarse con más de $56 millones de pesos destinados para obras públicas que nunca se concretaron.
En ese entonces, la lectura de la sentencia del Tribunal Oral Penal de Mercedes sentenciaba a Corona a 8 años y 3 meses de prisión. En tanto que su pareja, Lesieux, era condenada a 5 años de cárcel. Además el matrimonio fue inhabilitado perpetuamente a ejercer cargos públicos. Ambos ya se encontraban presos: fueron arrestados en febrero de 2018, tras estar dos meses prófugos, tiempo en el cual los dos escribían en redes sociales que estaban de vacaciones.
En la misma causa también estaban imputados otros tres ex funcionarios de Perugorría. Dos de ellos fueron encontrados culpables: el contador Ernesto Moray Mussio recibió 3 años y 3 meses y la tesorera Patricia Vera, 2 años y 9 meses.
Corona fue jefe comunal de Perugorría durante dos mandatos entre 2005 y 2013, año en que fue reemplazado por su esposa, Lesieux, quien gobernó hasta 2017. La pareja fue acusada de generar una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado nacional para la ejecución de casas, una ciclovía, un puente y otras obras. Los fondos “eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década”.