De acuerdo a los datos oficiales y las cifras que surgen de consultoras especializadas, los argentinos tendrían más de u$s 100.000 millones en valores de criptomonedas sin declarar ante el fisco.

Si bien el DNU firmado por el presidente Javier Milei y la Ley "Bases" (ley ómnibus) incluyen medidas favorecedoras para la aplicación general de las monedas digitales como Bitcoin (BTC) en el país, también traen aparejada una obligación de blanqueo de dichos activos; lo que se espera que concluya en un ingreso significativo para el Estado.

En tanto, mientras que el megadecreto oficial establece la posibilidad de celebrar contratos asumiendo obligaciones de pago/cobro en criptomonedas, quienes deseen implementarlo deberán tener esos activos declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El DNU 70/23 ya habilitó firmar contratos en cualquier moneda. De hecho, las disposiciones de la normativa ya tuvieron efecto en Rosario, donde se concretó el primer contrato de alquiler en Bitcoin.

El único requisito para realizar operaciones con tokens es que éstos deben estar previamente declarados; lo que significa que los poseedores de Bitcoin y cripto deben declarar las acciones de compraventa, pagar Bienes Personales e impuestos a las Ganancias.

Algunos referentes del ecosistema financiero digital abrazaron esta medida, como fue el caso de Pablo Reyes, CEO de la plataforma argentina o Exchange. El empresario escribió en un comunicado: "Quienes quieran disfrutar de estos beneficios, además de capacitarse, tendrán que ampliar su responsabilidad en dar claridad sobre un sector que se ha caracterizado por su informalidad".