Un nuevo caso de corrupción sacude a la Gendarmería Nacional Argentina, con la detención de 23 efectivos acusados de integrar una banda dedicada a extorsionar a camioneros en controles viales. La Justicia Federal de Río Cuarto investiga una trama de sobornos que operaba principalmente en la Ruta Nacional 8, donde los uniformados exigían pagos de entre 50.000 y 600.000 pesos para permitir el paso de vehículos sin sanciones.
La investigación se inició en febrero de 2025 tras la denuncia de un transportista que relató haber sido víctima de extorsiones repetidas en el puesto vial de Sampacho, al sur de Córdoba. A esta se sumaron otras denuncias similares, lo que permitió a las autoridades federales desmantelar una red que habría funcionado desde mediados de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según fuentes judiciales, el modus operandi consistía en detener a los camioneros bajo pretextos como irregularidades documentales o técnicas en la carga, para luego ofrecer "soluciones" a cambio de dinero. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros, actuando como testaferros. Un civil, apodado "el cajero", fungía como intermediario para recaudar y distribuir los fondos entre los implicados.
Entre los detenidos se destaca Analía Galian, jefa de la Sección de Seguridad Vial de Sampacho, quien cumple prisión domiciliaria junto con otros efectivos. De los 23 gendarmes imputados, 13 permanecen en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto está bajo arresto domiciliario. La causa también involucra a un civil como recaudador, elevando el total de imputados a 24.
La operación judicial incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta y San Juan, realizados por la propia Gendarmería a través de su Dirección de Asuntos Internos. Durante estos procedimientos se secuestraron teléfonos, documentación y dispositivos que aportan pruebas como audios, transferencias y registros de cámaras.
El juez federal Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas lideran la causa, imputando delitos como asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y abuso de autoridad. Las penas podrían oscilar entre seis y diez años de prisión, además de inhabilitación para cargos públicos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que se inició un sumario administrativo interno, sin descartar la remoción de mandos superiores, y enfatizaron que "no se tolerarán actos de corrupción que afecten la credibilidad institucional".
La Federación de Transportistas Argentinos (Fetra), presidida por Carlos Almeida, celebró los avances judiciales y exigió "controles transparentes y seguros" en las rutas. Almeida denunció que estas prácticas "mafiosas" son un problema crónico que afecta la economía del sector, y animó a más víctimas a declarar, aunque muchas temen represalias.
Aunque la consulta inicial mencionaba un posible vínculo con Corrientes, las investigaciones y detenciones se centran en Córdoba y provincias aledañas, sin referencias directas a esa jurisdicción en los reportes disponibles. La causa permanece abierta, con análisis de transferencias bancarias para identificar más víctimas y posibles ampliaciones de imputaciones en los próximos días.
